Presenta Perteneces informe sobre el voto de personas en prisión preventiva

Hoy, la organización civil Perteneces presentó el Informe de Observación relativo al voto de las personas en prisión preventiva durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Este informe tiene como finalidad informar a la sociedad sobre los hallazgos relacionados con el ejercicio del derecho al voto de esta población, un aspecto crucial para fortalecer la democracia y promover la inclusión social.

El presídium estuvo integrado por José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces; Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE SLP; Ana Lucía Barajas Garay, vocal de organización electoral de la misma junta; y Sandra Nalleli Rangel Jiménez, subdirectora de circunscripción plurinominal.

La presentación del informe fue realizada por Celia García Valdiviezo y Arturo Tabales, directivos de Perteneces.

Durante su intervención, De la Garza subrayó la importancia de reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas en prisión preventiva, afirmando que su derecho al voto representa no solo un reconocimiento a su dignidad, sino también una vía para su inclusión en la sociedad.

«No podemos dejar de lado a las personas privadas de libertad en la construcción de un país más justo y democrático,» señaló.

El informe reveló que, de las 30 mil 391 personas en prisión preventiva a nivel nacional, el 88 por ciento son hombres y el 12 por ciento mujeres. En San Luis Potosí, 687 personas ejercieron su derecho al voto en cinco centros penitenciarios.

Entre los retos mencionados, se destacó la capacitación del personal del INE y la falta de un voto plenamente informado. Además, se reveló que el 25 por ciento de las personas en centros penitenciarios federales y estatales espera más de 24 meses para recibir una sentencia, lo que pone de manifiesto una grave deuda del sistema de justicia.

Finalmente, Perteneces hizo un llamado a la acción, proponiendo recomendaciones claras para mejorar las condiciones en futuros procesos electorales.

Se sugirió una mayor participación de los partidos políticos en la sensibilización sobre el voto y una mejora en los mecanismos de coordinación institucional, con el objetivo de asegurar que se respete integralmente el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.